Reforzada la actividad de vigilancia sobre flujos financieros

Se aportaron modificaciones a la Ley XVIII de 2013. El Presidente de la Autoridad de Información Financiera, Carmelo Barbagallo, afirma que el objetivo es hacer cada vez más transparente la gestión de las finanzas de la Ciudad del Vaticano en un marco de controles intensos y coordinados

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado hoy el Decreto del Presidente del Governatorato, el Cardenal Giuseppe Bertello, con el que se modificó la Ley XVIII, de 8 de octubre de 2013, sobre transparencia, supervisión e información financiera. Los cambios forman parte del proceso de reforma querido por el Papa Francisco para asegurar que el manejo de los recursos económicos de la Ciudad del Vaticano sea cada vez más correcto y transparente.

Hemos hablado de esto con Carmelo Barbagallo, el Presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), la Institución competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Doctor Barbagallo, ¿puede decirnos cuál es el objetivo de estas modificaciones y por qué ha sido necesario aportarlas?

Antes de entrar en el fondo de su pregunta, quisiera decir unas palabras sobre la importancia de la Ley XVIII introducida desde el año 2013. Esta normativa constituye la referencia de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un texto en continua y progresiva evolución, que tiene en cuenta las fuentes comunitarias de referencia en esta materia – que la Santa Sede se ha comprometido a transponer con la Convención Monetaria entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano del año 2009 – y las características propias de la jurisdicción. Esto hace posible que la legislación del Vaticano esté constantemente en línea con los mejores estándares internacionales. Esta labor no habría sido posible sin la participación activa de todos los interesados: la Secretaría de Estado, el Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, la Secretaría para la Economía, así como la Autoridad de Información Financiera. Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos.

En cuanto a su pregunta, con las modificaciones introducidas ahora, se ha transpuesto la V Directiva de la Unión Europea sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y se han perfeccionado algunas normas referentes a la IV Directiva. Además, quisiera subrayar cómo se ha acogido la ocasión para trasladar a esta ley los importantes progresos realizados en los últimos años para hacer cada vez más eficaz la actividad de vigilancia, sobre todo mediante la intensificación de los mecanismos de colaboración entre las diversas autoridades interesadas.

Por lo tanto, se trata de un nuevo paso del Vaticano en dirección hacia la transparencia y de una vigilancia cada vez más intensa de las actividades de naturaleza financiera…

Sí. Las últimas enmiendas a la Ley XVIII forman parte de una estrategia general destinada a hacer cada vez más transparente la gestión de las finanzas del Vaticano, en un marco de controles intensivos y coordinados. Se trata de un camino que se ha acelerado desde el año 2010, con la creación de la Autoridad de Inteligencia Financiera, y que encuentra su expresión más reciente y significativa en el Motu Proprio del 1 de junio y en la Ordenanza de 19 de agosto de 2020, relativos, respectivamente, a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y a la obligación de denunciar las actividades sospechosas de las Organizaciones de Voluntariado y de las personas jurídicas.

En consonancia con este camino, la Ley XVIII ha reforzado aún más los mecanismos de defensa y control de los Entes que, en el cumplimiento de sus nobles fines, se ven afectadas de diversas maneras por los flujos financieros (Entes sin fines de lucro, Personas Jurídicas, Organizaciones de Voluntariado y Autoridades Públicas)”

El Papa lo reiteró el jueves pasado cuando recibió a los expertos de Moneyval: se necesitan medidas para proteger una "finanza limpia" y evitar que los mercantes "especulen en ese templo sagrado que es la humanidad"...

Es un deber fundamental de todo orden proteger y defender la dignidad de cada persona. En este contexto, la gestión prudente y el control efectivo no son sólo obligaciones legales sino también morales. Esto es aún más cierto cuando el flujo de dinero está controlado. Flujos que pueden estar al servicio de una causa justa, pero que a veces pueden derivar de actividades ilegales y luego ser "limpiados" o dirigidos a sembrar el terror.

La conciencia de las posibles amenazas y vulnerabilidades, la eficacia de los controles y la transparencia de las opciones financieras también contribuyen a evitar los riesgos que podrían condicionar las actividades misioneras y caritativas de la Iglesia Católica”

Por mi parte, estoy convencido de que los cambios introducidos en esta Ley, como todos los reglamentos aprobados en los últimos años, podrán demostrar, tanto a nivel interno como a los observadores externos, un firme compromiso con un asunto en el que la Iglesia adopta una posición irretractable.  

de Sergio Centofanti