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Posiciones contrapuestas sobre Cataluña

· La crisis se agrava después del referéndum por la secesión ·

«Mi gobierno siempre estará comprometido a favor de la paz, pero seremos determinados, hoy es necesaria una mediación y estoy abierto a cualquier proceso de mediación. Esperemos que no haya provocaciones. Realizaremos nuestro sueño». Estas son las palabras pronunciadas el 4 de octubre por la tarde, durante una conferencia de prensa en Barcelona, por el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que no ahorró críticas al discurso del rey Felipe VI. El soberano -dijo Puigdemont- «ha desilusionado a tantas personas».

El lunes el parlamento catalán querrá votar la declaración unilateral de independencia de España. Antes de la votación, Puigdemont presentará en el aula los resultados del referéndum. En su discurso, el líder independentista, antes alcalde de Girona, volvió sobre lo acontecido el domingo pasado y acusó al gobierno español de llevar a cabo «políticas catastróficas en Cataluña». En una entrevista con la prensa alemana, Puigdemont dijo que se sentía ya «el presidente de un país libre», voluntad que considera reforzada por la amplia participación en la huelga general del pasado martes.

El gobierno nacional, por su parte, excluye cualquier negociación. Por la tarde, el presidente Mariano Rajoy rechazó la propuesta de Pablo Iglesias, secretario general de Podemos de promover una mesa de mediación sobre la crisis. Y después del discurso del líder catalán, Rajoy difundió una nota en la que aclaró que «el gobierno no negociará sobre nada ilegal y no acepta chantajes. Si Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere una mediación, sabe perfectamente qué tiene que hacer antes: volver a la legalidad, que no abandonaremos nunca». El jefe del ejecutivo -según fuentes oficiales de la Moncloa- subrayó además que el gobierno «no está dispuesto a tratar con aquellos que han puesto en un chantaje brutal al estado».

El camino, según la Moncloa es uno solo: Barcelona debe retirar la hipótesis secesionista. Y las respuestas posibles son diversas: desde el envío de nuevas tropas hasta la aplicación del artículo 155 de la constitución, que suspende la autonomía regional. El ministerio de defensa, mientras tanto, ha dispuesto el envío de dos convoyes logísticos a Cataluña para reforzar los servicios de aproximadamente diez mil agentes de policía desplegados ya anteriormente para impedir el referéndum del 1 de octubre. Las autoridades españolas han decidido, por ahora, prolongar hasta el día 11 la misión de los refuerzos en Cataluña, una parte de los cuales está alojada en tres barcos en los puertos de Barcelona y Tarragona.

Por otra parte, la posición de la Unión Europea fue considerada el miércoles por el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, que invitó al gobierno nacional y al catalán a «abandonar el camino de la confrontación y seguir el de la cooperación y el diálogo para resolver la situación». Timmermans reafirmó, en cualquier caso, que la cuestión «es un asunto interno español», pero sostuvo que «los canales de comunicación deben permanecer abiertos; es tiempo de hablar». Subrayando que «la votación del domingo no era legal» y que «la violencia nunca es una solución», añadiendo que «es el derecho de cada nación defender el estado de derecho y esto a veces requiere un uso proporcionado de la fuerza».

Después del debate en el Europarlamento, el presidente de la asamblea, Antonio Tajani, auspició un diálogo en el respeto del cuadro constitucional. «A nadie le gustaron los acontecimientos ocurridos el domingo», dijo, pero «las decisiones unilaterales, incluída la proclamación de independencia de un estado soberano, no solo contradicen el ordenamiento jurídico europeo, sino que están destinadas a provocar divisiones peligrosas».

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